En Ecuador, las sociedades que están bajo el escrutinio de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros deben prestar especial atención a la normativa que rige la contratación de auditoría externa. Este proceso es obligatorio y esencial para garantizar la transparencia y la solidez financiera de las empresas. A continuación, exploramos los detalles clave de Contratación de auditoría externa en Ecuador y cómo afecta a diferentes tipos de compañías.
La contratación de auditoría externa anual debe llevarse a cabo hasta noventa (90) días antes de la fecha de cierre del ejercicio económico de la empresa. Esto significa que, en el contexto del ejercicio fiscal de Ecuador, que finaliza el 31 de diciembre, la fecha límite para la contratación sería hasta el 30 de septiembre del 2022. Este plazo brinda el margen necesario para garantizar una evaluación exhaustiva y precisa de los estados financieros.
La obligación de contratar auditoría externa no se aplica de manera uniforme a todas las compañías. Aquí se detallan los casos en los que esta obligación es pertinente:
El concepto de activos es fundamental en la determinación de la obligación de contratar auditoría externa. Se considera el activo total presentado en el estado de situación financiera de la sociedad al regulador en el ejercicio económico anterior.
Aunque las regulaciones mencionadas cubren una amplia gama de casos, existen excepciones y situaciones especiales. Por ejemplo, las compañías que no están incluidas en las categorías anteriores aún pueden estar sujetas a auditoría externa si la Dirección Nacional de Inspección, Control, Auditoría e Intervención tiene dudas fundamentadas sobre su situación financiera. En tales casos, el Superintendente o su delegado puede ordenar una auditoría externa mediante resolución motivada.
Para asegurar el cumplimiento, las compañías deben informar a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros los detalles del auditor contratado dentro de los treinta (30) días posteriores a la contratación. Esta medida es esencial para mantener la transparencia y facilitar el monitoreo regulatorio.
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